Colusión de transportes de valores: la arista penal no se definiría hasta en cinco años más

Pese a que la batalla por la colusión de Loomis, Prosegur y Brink´s en el mercado del transporte de valores recién comienza, a primera vista se encamina a convertirse en un caso emblemático.En efecto, esta podría ser la primera vez que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) pida cárcel efectiva para delitos de cuello y corbata bajo la nueva normativa vigente desde 2016, ya que el cartel operó entre 2018 y 2019.

Ahora, todo dependerá de cómo el organismo persecutor juegue sus cartas en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), un litigio que, por su nivel de dificultad, por lo bajo durará unos cinco años, estiman en la industria.

Los expertos coincidieron que se trata de un requerimiento robusto, con varias pruebas y potente. De acuerdo a la legislación actual, el Fiscal Nacional Económico tiene discrecionalidad para interponer querellas, pero debe hacerlo hasta seis meses después de tener una sentencia definitiva que condene al cartel por parte de la Corte Suprema.

Si no lo hace, debe emitir una decisión fundada. Pero si accede, tiene que cumplir con una serie de criterios que están definidos en la Guía Interna para la Interposición de Querellas por el Delito de Colusión. Entre ellos se cuentan: afectación masiva a la población; que los efectos económicos sean de magnitud considerable para provocar un impacto sistémico en los mercados; que la conducta afecte servicios de consumo masivo o de primera necesidad, entre otros.

“Aunque se trate de un servicio de privados, revisando los criterios, creo que sí podría haber una querella. Ahora, pasarán unos años antes de que eso pueda llegar a ocurrir, pero igual hay efectos de reputación en los ejecutivos involucrados en ese transcurso de tiempo”, comentó el director en el Centro de Regulación y Competencia (RegCom) de la Universidad de Chile, Francisco Agüero.

La tramitación podría extenderse, dado que la FNE debe perseguir a los ejecutivos que están fuera de Chile. Y el organismo no tiene herramientas para hacerlo. De hecho, deberá pedir un exhorto, proceso que por sí sólo podría durar más allá de un año, porque involucra la contratación de abogados extranjeros.

Análisis de las pruebas

Decir que la FNE entrará en la arena penal es un pronóstico que “parece apresurado”, comentó el socio de Cariola Díez Pérez-Cotapos, Juan Cristóbal Gumucio.

A su juicio, para presentar una querella, “el estándar probatorio para condenar a un imputado es más alto que el de una sanción administrativa ante el TDLC, por lo que habrá desafíos probatorios adicionales, sobre todo en determinar la imputabilidad del delito a las personas naturales”. Por eso, explicó, el mantra que recitan los penalistas es que la prueba vaya más allá de toda duda razonable.

Pero a ojos de Agüero, la FNE sabe perfectamente que se enfrenta a ese conflicto. Y, por lo mismo, destacó la cantidad de pruebas que muestra antes de la instancia probatoria, tales como: el acuerdo entre los cómplices, las comunicaciones entre ejecutivos, la delatora interna de las compañías, entre otras cosas que aún se mantienen bajo reserva.

“Creo que la FNE tomó una decisión correcta en su requerimiento, incluyendo a las personas naturales. Es interesante porque este es un cartel que, si bien uno no interactúa necesariamente con las empresas transportistas de valor, los vemos en la calle y sabemos que son muy importantes”, añadió.

Una de las aristas que el académico evaluó que será materia de análisis, es que el caso se desencadenó a partir de la delación compensada de Marcela Ferrada, sin la intermediación de su contratante, Brink´s. “Este caso muestra que los sistemas de compliance de estas grandes transnacionales no funcionan o no son creíbles, porque si fuese, la denuncia sería interna. Eso quiere decir que o la persona no cree, o no existe un buen sistema”, explicó.

Una fuente cercana a la FNE comentó que la fiscalía se ha tomado muy en serio llegar a un juicio penal. Por eso, estima que el equipo que armó el caso tiene seguridad en que cada una de las pruebas que han recopilado cumple con el alto estándar que se exige, más allá de toda duda razonable.